Legado Bustillo (V): El Nuevo Reglamento 👎

Impacto del Reglamento de 2024 en los derechos de los agricultores externos y su compatibilidad con los fines del Legado Bustillo.

El nuevo Reglamento aprobado en noviembre de 2024 tiene un impacto significativo en los derechos de los agricultores externos sin contrato, y dependiendo de la perspectiva, podría percibirse tanto como un perjuicio como una oportunidad. Su aplicación plantea varios escenarios que favorecen o limitan los derechos de este grupo. A continuación se analizan los aspectos clave.

1. Análisis general del nuevo Reglamento

El Reglamento de 2024 tiene como objetivo reforzar la vinculación del Legado Bustillo con los habitantes de La Solana, en consonancia con el propósito original del Legado. Entre las disposiciones más relevantes se incluyen:

• Prioridad a habitantes locales: Los nuevos contratos priorizan a agricultores residentes en La Solana.
• Regularización de la relación jurídica: Busca establecer contratos escritos con todos los arrendatarios, eliminando las relaciones tácitas existentes.
• Criterios claros de adjudicación: Establece límites a la extensión de las tierras por cesionario y requisitos específicos de sostenibilidad agrícola.

2. Impacto en los derechos de los agricultores externos sin contrato

A. Aspectos que perjudican sus derechos

1. Pérdida de derechos derivados de la tácita reconducción:

• Hasta ahora, los agricultores externos sin contrato se beneficiaban de la tácita reconducción regulada por el artículo 1577 del Código Civil, que les permitía renovar su relación anualmente mientras pagaran las tasas y usaran las tierras conforme a su finalidad agrícola.
• Al exigir la firma de un contrato escrito, la Fundación podría argumentar que la relación previa queda extinguida, lo que podría invalidar sus derechos derivados de la tácita reconducción.

2. Prioridad explícita a los habitantes de La Solana:

• El Reglamento establece como criterio preferente la adjudicación de tierras a residentes locales. Esto puede interpretarse como una exclusión indirecta de los agricultores externos, especialmente si compiten por las mismas parcelas.

3. Límites a la continuidad:

• El Reglamento introduce duraciones contractuales claras, generalmente de cinco años prorrogables, que dependen del cumplimiento de requisitos específicos. Esto pone en riesgo la estabilidad a largo plazo de los agricultores externos, que han dependido de la renovación automática de la tácita reconducción.

4. Falta de reconocimiento de inversiones pasadas:

• Aunque muchos agricultores externos han realizado mejoras en las tierras durante décadas, el Reglamento no garantiza el derecho a compensación por estas inversiones si se les excluye de las nuevas adjudicaciones.

5. Criterios restrictivos:

• El nuevo Reglamento podría incluir disposiciones que favorezcan criterios subjetivos en la adjudicación de tierras, como vínculos familiares o comunitarios con La Solana, dejando a los externos en una situación desfavorable.

B. Aspectos que podrían favorecer a los agricultores externos

1. Regularización de la relación:

• Firmar un contrato escrito podría ofrecer a los agricultores externos una relación más formal y protegida, siempre que se incluyan términos favorables en el contrato. Esto les proporcionaría estabilidad jurídica frente a la incertidumbre actual de depender de relaciones tácitas.

1. Reconocimiento legal explícito:

• Al aceptar un contrato conforme al nuevo Reglamento, los agricultores externos obtendrían un reconocimiento legal formal como beneficiarios, lo que les permitiría evitar conflictos derivados de su condición previa.

1. Protección frente a arbitrariedades:

• El establecimiento de criterios objetivos en el Reglamento (como cumplimiento de sostenibilidad agrícola o productividad) podría proteger a los externos que cumplan estos requisitos, independientemente de su lugar de residencia.

3. Retos legales y posibles defensas de los agricultores externos

A. Retos legales

1. Irretroactividad del Reglamento:

• Los agricultores externos podrían argumentar que el nuevo Reglamento no puede aplicarse retroactivamente para extinguir derechos consolidados bajo la tácita reconducción.
• El artículo 9.3 de la Constitución Española prohíbe la retroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos, lo que podría proteger su relación jurídica previa.

2. Doctrina de los actos propios:

• La Fundación ha cobrado tasas y permitido el uso continuo de las tierras por parte de los agricultores externos durante décadas. Este comportamiento puede interpretarse como un reconocimiento tácito de sus derechos.

3. Compensación por mejoras:

• Los externos podrían reclamar indemnización por las mejoras realizadas en las tierras si se les excluye o si no se les adjudican nuevas parcelas bajo contrato.

B. Estrategias de defensa

1. Negociar cláusulas favorables:

• Antes de firmar un nuevo contrato, los agricultores externos podrían negociar términos que les otorguen estabilidad a largo plazo, reconocimiento de sus inversiones y la posibilidad de renovar sus derechos.

2. Impugnar la exclusión injusta:

• Si la Fundación excluye a los externos en favor de habitantes locales sin justificación objetiva, estos podrían recurrir a los tribunales para exigir una adjudicación justa basada en su trayectoria y contribuciones.

3. Alegar derechos adquiridos:

• Los externos pueden defender su acceso continuo a las tierras bajo la figura de la tácita reconducción, especialmente si no se les ofrece una alternativa razonable en el nuevo reglamento.

5. Compatibilidad con la Ley de Arrendamientos Rústicos

A. Regularización de contratos

La Ley 49/2003 de Arrendamientos Rústicos y su reforma de 2005 exigen que los contratos de arrendamiento sean formalizados por escrito. Sin embargo:

• La ausencia de un contrato escrito no invalida la relación jurídica existente, siempre que se pueda demostrar que hubo una cesión de uso reconocida.
• Los agricultores externos podrían exigir la formalización de su relación bajo los términos de la Ley de Arrendamientos Rústicos, lo que les otorgaría una mayor protección frente a decisiones unilaterales.

B. Duración mínima y prórrogas

• Según la Ley, los contratos de arrendamiento rústico tienen una duración mínima de cinco años, prorrogables automáticamente si no hay denuncia formal del arrendador.
• Los agricultores externos podrían argumentar que, aunque no tengan contrato escrito, sus derechos están protegidos por los plazos y las prórrogas tácitas previstas en esta normativa.

6. Compatibilidad con la finalidad benéfica del Legado

A. Bienes afectados a un fin social

Los bienes del Legado Bustillo están afectados a un fin social específico, lo que otorga a la Fundación un marco jurídico especial:

• La exclusión de agricultores externos debe justificarse dentro del objetivo de garantizar que las tierras beneficien a los colectivos más vulnerables, como los residentes de La Solana.
• Los agricultores externos podrían cuestionar si su exclusión realmente contribuye a los fines benéficos o si responde a criterios administrativos o políticos que no se alinean con el espíritu fundacional.

B. Supervisión del Protectorado de Fundaciones

• El Protectorado de Fundaciones tiene la responsabilidad de garantizar que las decisiones del Patronato sean coherentes con los fines fundacionales.
• Cualquier conflicto relacionado con la exclusión de beneficiarios externos podría ser sometido a la revisión del Protectorado, lo que añade una capa de supervisión que puede beneficiar a los agricultores si logran demostrar que su contribución es consistente con la finalidad del Legado.

7. Riesgos de conflicto legal

A. Impugnación del Reglamento

• Si el Reglamento se percibe como arbitrario o discriminatorio, los agricultores externos podrían impugnarlo ante los tribunales, alegando que vulnera sus derechos adquiridos o que no respeta principios básicos de igualdad y proporcionalidad.

B. Conflictos por desalojo

• Intentar desalojar a los agricultores externos sin indemnizarlos o sin cumplir con los procedimientos legales podría generar conflictos judiciales prolongados, con riesgos económicos y reputacionales para la Fundación.

8. Conclusión

El nuevo Reglamento de 2024, aunque diseñado para fortalecer el vínculo del Legado Bustillo con La Solana, puede perjudicar a los agricultores externos si no reconoce su relación histórica, sus derechos adquiridos y sus contribuciones al mantenimiento de las tierras. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de formalizar su relación jurídica, lo que podría proporcionarles mayor seguridad, siempre que se negocien términos justos y se garantice un trato equitativo.

La clave estará en cómo se implemente el Reglamento y en la capacidad de los agricultores externos para defender sus derechos mediante negociaciones o, si es necesario, acciones legales. Para la Fundación, será importante encontrar un equilibrio entre cumplir con el propósito fundacional y respetar los derechos adquiridos de quienes han contribuido al desarrollo del Legado durante décadas.

Los agricultores externos tienen una base jurídica significativa para defender sus derechos, basándose en:

1. La tácita reconducción y los derechos adquiridos por uso continuado.
2. La doctrina de los actos propios, que refuerza el reconocimiento implícito de la Fundación.
3. El derecho a indemnización por mejoras, que les protege frente a desalojos arbitrarios.

Para la Fundación, será fundamental garantizar que cualquier decisión sobre los agricultores externos sea compatible con el espíritu fundacional, respetando la normativa aplicable y evitando conflictos legales que puedan afectar su sostenibilidad. Esto incluye explorar alternativas negociadas, ofrecer compensaciones justas y asegurar que las tierras se utilicen de manera equitativa y eficiente.

Aviso Legal

El contenido de este artículo tiene carácter meramente informativo y orientativo. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituyen la consulta con un abogado especializado.

Recomendamos encarecidamente que los agricultores interesados consulten con un profesional del derecho o asesor especializado antes de enviarla, para garantizar que sus derechos e intereses estén completamente protegidos.

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